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Nueva ley de radiodifusión  >  Posiciones y aportes de la oposición a la ley de medios  >  La UCR pide que se declare inconstitucional la fe de erratas de la Ley K
Temática: Medios Ubicación: Argentina

Acción declarativa de inconstitucionalidad y nulidad de la fe de erratas por la UCR I

juli
10/11/2009 14:47

PROMUEVE ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOLICITA MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR

SEÑOR JUEZ:

Gerardo Rubén Morales, ….con domicilio en la Calle Alsina 1786 de esta ciudad de Buenos Aires, con el patrocinio letrado de …, constituyendo domicilio legal en de esta ciudad de Buenos Aires, a V.S. nos presentamos y decimos:

II.- OBJETO

A. La acción. Que venimos a promover acción declarativa de inconstitucionalidad y nulidad en los términos del artículo 322 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación (en adelante CPCCN) contra el Estado Nacional- Poder Legislativo/ Poder Ejecutivo, con domicilio en ……. Y en ….respectivamente, en relación con la FE DE ERRATAS de fecha 9 de Octubre de 2009 suscripta por el Secretario Parlamentario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Sr. Enrique Hidalgo, en ocasión del tratamiento parlamentario en el Congreso de la Nación del Proyecto de Ley PE-22/09, en revisión, sobre Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito del territorio de la Republica Argentina y promoción de las tecnologías de la Información y la Comunicación. Derogación de la Ley N° 22.285 (Ley de Radiodifusión), CD-52/09, orden del día 496/09, hoy Ley N° 26.522, y su Decreto de Promulgación Nro. 1467/2009 de fecha 10/10/09 que tuvo por objeto modificar sustancialmente el dictado de dicha ley, por resultar manifiestamente violatorio del “procedimiento de formación y sanción de las Leyes” prescripto por el Capitulo V de la Constitución Nacional, solicitando  que se declare su inconstitucionalidad y su nulidad insanable. Considerando que en el marco de la presente acción declarativa se solicita la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las normas citadas, esta acción adquiere el rango de proceso constitucional guardando estricta analogía con la acción de amparo prevista en el art. 43 de la Constitución Nacional, en todos los aspectos formales y sustanciales pertinentes. Sobre este punto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Asociación de Grandes Usuarios de Energía de la República Argentina (AGUEERA) c/ Provincia de Bs. As.”1 destacó que el pedido de declaración de inconstitucionalidad de una norma importa el ejercicio de una acción directa de inconstitucionalidad, resultando un medio idóneo tanto el amparo como la acción declarativa, habida cuenta de la similitud existente entre ambas acciones, que tienen una finalidad preventiva no requiriendo la existencia de un daño consumado para su procedencia. En razón de la necesaria celeridad que deben poseer los procesos constitucionales, solicitamos que la acción declarativa sea tramitada bajo las reglas del proceso sumarísimo de conformidad con lo previsto por el artículo 498 y concordantes del CPCCN y en función de lo establecido por el artículo 322 del mismo ordenamiento normativo.

II. – HECHOS
El 27 de agosto de 2009 ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación el Mensaje N°: 1139/09 y Proyecto de Ley PE-22/09 sobre Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual para todo el ámbito del territorio de la Republica Argentina y promoción de las tecnologías de la Información y la Comunicación. Derogación de la Ley N° 22.285 (Ley de Radiodifusión). El 16 de septiembre del corriente año la Cámara baja aprobaba el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional sobre Medios de Comunicación, a lo que tan sólo a escasos siete días, el 21 de septiembre del mismo año, se lo ingresaba -bajo el número de expediente CD-52/09- al Senado de la Nación para que este ejerciera su rol de Cámara Revisora. Ya en la Cámara alta, la sanción venida en revisión, fue girada a las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda. Pero luego ante pedidos de diferentes senadores nacionales de la oposición, y con el fin de dotar de mayor claridad y transparencia al debate de la misma, el 23 de septiembre por disposición de la Secretaria Parlamentaria, se ampliaron los giros ubicando en segundo lugar a la comisión de Asuntos Constitucionales y en tercero a Industria y Comercio. Fue entonces, que durante la misma fecha, se llevó a cabo una reunión plenaria de Senadores de las Comisiones ut supra citadas, en la cual se definieron las reglas del debate para el tratamiento del CD-52/09 y los sectores involucrados de la sociedad, a los que se debía invitar a participar en las deferentes reuniones que se realizarían a tal fin.

El cronograma de consultas públicas finalizó el 2 de octubre, pero cabe denotar que a lo largo de las diferentes reuniones que fueron celebradas, se presentaron determinados hechos que suscitaron desconfianza en el abordaje del tratamiento de dicha iniciativa. Uno de ellos fue el repentino cambio de miembros en dos de las comisiones a las que fuera girada la sanción, la senadora nacional Elida Vigo y el senador nacional Roberto Urquía.

En la misma línea argumental y de con mayor envergadura fue el debate que se originó durante la tarde del 1° de octubre, en ocasión de la finalización de una de las últimas consultas públicas, cuando el presidente del Bloque del Frente para la Victoria, sostuvo “...en este ámbito se fijó un límite para aquellos que iban a ser invitados a este recinto. En el día de hoy acaba de llegar una nota del grupo Clarín que pide ser incorporado a este debate” . “Entendemos que tenemos que tener una visión amplia y creo que es un muy bien cierre de la discusión”. A lo que agregaba que con la presencia del Grupo Clarín se agotaba el debate, y ante ello se debía firmar el dictamen sin aceptarse bajo ninguna circunstancia modificaciones al texto venido en revisión. Es decir, la agenda fue modificada por un pedido de último momento que fue asentido por la bancada oficialista, pero en razón de los invitados acordados con antelación, -como las solicitudes acercadas a las respectivas comisiones por parte de diferentes senadores nacionales de la oposición, respecto de contar con la presencia de un académico de la Universidad Tecnológica Nacional, ya que existían dudas específicas en relación a la participación de las empresas telefónicas, y del presidente de la Comisión de Defensa de la competencia- no fueron admitidos y por ende denegados.

Que ante toda esta confusa y anormal situación, tanto de negativa con respecto a la agenda de convocatorias que se había acordado con antelación y en relación al absoluto impedimento de poder concertar con los otros bloques parlamentarios, modificaciones que hicieran a la mejora de la letra de la ley a sancionar, los senadores nacionales de la oposición decidimos terminar en ese preciso momento con las consultas públicas que de nada parecían haber sumado. Así las cosas, los señores legisladores de la oposición llegábamos al recinto de la Cámara alta el día 9 de octubre del corriente año, a fin de dar un transparente y legítimo tratamiento a la sanción de la Cámara de Diputados venida en revisión, tratamiento que tuvo como resultado la ya mentada norma. El día 10 de octubre del corriente año y con una premura inusitada, el Poder Ejecutivo Nacional publica en el Boletín Oficial el texto de la ley 26.522, correspondiente a la orden del día 496/09. El texto de la ley publicado en el Boletín Oficial no se condice con el votado y aprobado por la H. Cámara que usted preside, existiendo entonces claramente una diferencia en relación a los artículos 95 y 124.

El artículo 95 votado por este Honorable cuerpo legislativo, dice en el segundo párrafo: El Banco de la Nación Argentina transferirá en forma diaria los montos que correspondan conforme a lo previsto en el artículo 88.” Ahora bien, el artículo 88 no se refiere a la facturación. Sino que se refiere a “la regulación técnica de los servicios”. Ahora, el texto ocultamente corregido a través de la “fe de erratas”, con toda lógica se remite al artículo 97, titulado “Destino de los fondos recaudados”. El artículo 124, se refiere a la conformación del Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos y se explica como se va a conformar. En el segundo párrafo señala” Sin perjuicio de las facultades de incorporación de miembros conforme al artículo 116, estará integrado ….” Pero en el artículo 116 aprobado se habla de emisoras ilegales. El texto publicado en el Boletín Oficial remite al artículo 126, que si contiene referencias al reglamento del Consejo Consultivo.

Atento informara, mediante nota de fecha 14 de octubre del corriente año, el señor Secretario Parlamentario de este honorable cuerpo legislativo, Dr. Juan Estrada; la Secretaría Parlamentaria de la H. Cámara de Diputados le había remitido a las 22 horas del día 9 de octubre del corriente año una nota de "fe de erratas", por la cual se subsanaban los errores en los que había incurrido la Cámara baja al momento de aprobación de la referida norma. Lo cierto es, que los legisladores que nos encontrábamos presentes en el recinto desconocíamos absolutamente la existencia de la mentada "fe de erratas", hecho de suma gravedad, siendo que de haberla conocido durante el transcurso del debate parlamentario desarrollado en esta Cámara la suerte del proyecto aprobado posiblemente hubiere sido distinto.

Corresponde aquí detenerse y hacer una mención especial al proceso  parlamentario al que fue sometida la aquí ya en crisis “fe de erratas”. Atento surge claramente de la versión taquigráfica de la Cámara baja, correspondiente al día de la sesión donde la norma en cuestión había recibido la media sanción, el señor Presidente ya finalizando la misma dice: “…la Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para efectuar las inserciones solicitadas por los señores diputados en el curso de la presente sesión y para facultar a la Secretaría a efectuar las correcciones ortográficas y de numeración en el articulado, en caso de ser necesario. Asentimiento.” Pasaron más de 20 días desde la aprobación en la Cámara baja y el tratamiento en el H. Senado de la ley en revisión, recién ese mismo día 9 de octubre a las 22 horas la Presidencia de la H. Cámara de Diputados remitió a la Secretaria Parlamentaria del H. Senado de la Nación el texto de la denominada “fe de erratas”. Realmente señor Presidente esta demora suena sugestiva, como también suena sugestivo que el señor Secretario Parlamentario del H. Senado de la Nación haya concluido que no era de interés informar a los señores senadores de su existencia. Es así que mediante Expediente Nro. 54/09 la Cámara de Diputados de la Nación identifica el giro como “comunica FE DE ERRATAS en el proyecto de ley venido en revisión por el cual se regulan los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la Republica Argentina. Ref. CD 52/09”. Luce adjunta a la carátula una nota suscripta por el Sr. Secretario Parlamentario Enrique Hidalgo dirigida al Sr. Secretario Parlamentario de la Cámara de Senadores Dr. Juan H Estrada mediante la que expresa textualmente: “Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de poner en su conocimiento que en la comunicación al H. Senado del Expte. 22-PE5 09, 4168 y 4232-D-09 (OD 2005) proyecto ley…, de fecha 16 de Septiembre de 2009, se deslizaron los siguientes errores materiales: En el Art. 95, segundo párrafo, donde dice “…conforme a lo previsto en el Art. 88” debe decir “…conforme a lo previsto por el Art. 97”. En el Art 124, segundo párrafo, donde dice: “…conforme el Art. 116…” debe decir “…conforme el Art. 126…” Del análisis exegético del texto de la “fe de erratas”, se desprende claramente que el Sr. Secretario Administrativo de la HCDN so pretexto de “efectuar las correcciones ortográficas y de numeración en el articulado, en caso de ser necesario” con el consentimiento de la Presidencia de la H. Cámara de Diputados lejos de dicho cometido, altero el texto mismo de la norma. Por ello y a fin de cumplir con nuestro ordenamiento constitucional Título Primero Capítulo V artículos 77 y subsiguientes de nuestra Carta Magna, corresponde en este caso, que el texto de la mentada “fe de erratas” sea puesto a consideración de los señores legisladores de ambas cámaras, a fin de que estos se expidan sobre su aprobación o rechazo.

B. El motivo de esta presentación.

III.- LA ACCION DECLARATIVA QUE SE DEDUCE
La acción declarativa constituye un fenómeno particular dentro del sistema de control de constitucionalidad argentino. Ninguna otra vía procesal ha tenido un desarrollo tan intenso como el experimentado por ésta en los últimos años, que desde una posición inicial que negaba la existencia de “caso judicial” ha llegado a convertirse en el vehículo de los pronunciamientos más trascendentes en materia de control de constitucionalidad. Como es sabido, la Corte Suprema de Justicia negó durante largo tiempo la posibilidad de que pudiera ejercerse el control de constitucionalidad de una norma a través de un proceso declarativo. Sobre la base de que la jurisdicción constitucional debía efectuarse ante un “caso o controversia”, según el art. 2º de la ley 27, debían excluirse declaraciones generales de inconstitucionalidad en procesos que no persiguieran una condena, pues de lo contrario se trataría de una mera declaración abstracta. Luego de la incorporación a la ley de procedimientos civiles del art. 322 que introdujo a la acción declarativa como proceso judicial, se emitió el conocido dictamen del Procurador General de la Nación, Eduardo Marquardt, en el caso “Hidronor c/Pcia de Neuquén3 , en el que se argumentó fundadamente que la acción declarativa de certeza constituía una “causa”, incluso cuando se persiguiese la declaración de inconstitucionalidad de una ley. Posteriormente, a partir del caso “Estado Nacional c/ Santiago del Estero”4, en el que la Corte Suprema transformó un amparo en una acción declarativa, comenzaron a perfilarse los contornos de la acción declarativa de inconstitucionalidad.

Se sucedieron los siguientes precedentes que la fueron constituyendo en sus aspectos formales y sustanciales: a) “Colegio San Lucas SRL c/ Gobierno Nacional”, c) “Cugliani c/ Salta”, d) “La Plata Remolques SA c/ Buenos Aires”, e) “Cornapesa SA c/ Chubut”, f) “Polino c/ PEN”, g) “Ravaglia c Santa Fe”, h) “Agueera c/ Buenos Aires”, i) “Partido Justicialista de la Prov. de Santa Fe c/ Santa Fe”, j) “Central Neuquén SA c/ Buenos Aires”, k) “Iribarren c/ Santa Fe”, l) “Fayt c/ Estado Nacional”.

Conforme a estos precedentes, los requisitos exigidos son los siguientes: a) que la cuestión no tenga un mero carácter consultivo o especulativo y que se persiga la declaración de inconstitucionalidad de una norma; b) que responda a un caso en donde se debatan derechos fundamentales subjetivos o colectivos; c) que se intente evitar los eventuales perjuicios que se denuncian; d) que tenga una finalidad preventiva, no requiriendo la existencia de un daño consumado; e) legitimación de las partes; f) inexistencia de otras vías más aptas para tutelar el derecho que se invoca. El advenimiento pretoriano de la acción declarativa de inconstitucionalidad produjo un cambio notorio en el paradigma constitucional federal, que fue celebrado por los autores.  El control de constitucionalidad que antes sólo procedía como excepción o defensa, se transformó en una vía alternativa no exclusiva, por cuanto un afectado por una norma inconstitucional tiene a su disposición dos opciones: a) aguardar que la controversia sea actual y plantear la inconstitucionalidad de la norma dentro de un caso o b) accionar directamente ante la inminencia del daño que la norma puede producirle. También generó un impacto en el ámbito del caso judicial. Como expresa Alberto B Bianchi18: “A partir de la admisión de la acción declarativa, donde lo único que se discute en un juicio de estrecho marco cognoscitivos- es la validez constitucional de una ley o de otra norma, parecería que el caso constitucional o caso federal contemplado en los incs. a y b del art. 14 de la ley 48 ha pasado a tener por sí rango de caso judicial. Esto es, puede ser llevado ante un tribunal como pretensión independiente y aislada de todo otro contexto, en la medida en que una persona alcanzada por las disposiciones de una ley cuestionada acredite la existencia de un daño futuro y cierto. En consecuencia, el caso constitucional o federal en sí, despojado de toda cuestión de hecho y de derecho común y local, que antes era sólo discutible en esa atmósfera reservada exclusivamente a la Corte Suprema, en la instancia extraordinaria, actualmente puede ser analizado también por los jueces de las instancias ordinarias”. La acción declarativa de inconstitucionalidad, dentro del marco normativo del artículo 322 del CPCCN, adquirió una naturaleza propia que la distingue, y a la vez, la aleja de la concepción residual que denota la acción declarativa de certeza, con objetivos específicos, que no se confunden con pretensiones de otra índole. La presente acción declarativa de inconstitucionalidad persigue con carácter preventivo ante la existencia de un peligro inminente de afectación del sistema de  derechos, la declaración de inconstitucionalidad de normas que conculcan el derecho colectivo y la fuerza normativa de la legalidad constitucional vinculada al quebrantamiento de principios constitucionales -bajo pena de nulidad absoluta e insanable- para la delegación legislativa. De esta manera, se intenta evitar que los derechos de los ciudadanos y la libertad y la propiedad de los habitantes queden a merced de la mera voluntad del Poder Ejecutivo, soslayando al único órgano constitucionalmente habilitado por nuestra Carta Magna para establecer tributos, en representación del Pueblo.

IV.- LEGITIMACION
El afectado “directo”.
El actor, en mi calidad de ciudadano y como es de notorio y público conocimiento Senador Nacional me presento ante V.S. para interponer la presente demanda. El “propio afectado”, es el primariamente habilitado para el ejercicio de acción impetrada toda vez que en vistas de los argumento largamente expuestos, vemos conmovidos, perjudicados y dañados nuestros derechos y garantías y tanto es así que es pacífica la doctrina y la jurisprudencia en sostener que “la calidad de afectado no debe ser entendida de manera estricta, por el contrario debe abarcar un espectro amplio”. Así se ha dicho respecto de la acción de amparo –cuyos fundamentos pueden trasladarse a la acción que comenta que “En consecuencia, será afectado en los términos del mencionados Art. 43 de la C.N., aquel que ha sido menoscabado o perjudicado. En materia de derechos de lo usuarios de servicios públicos, se ha considerado afectado a quién invoca un interés suficientemente concreto, directo e inmediato” (CNFed. Contencioso administrativo, Sala IV, 1997, “Fernández, Raul c/ PEN”, LL, 1997-E, 535). Incluso, en el caso, la demandada pretendía el rechazo del planteo de inconstitucionalidad efectuado por un usuario del servicio de subterráneo afectado por el redondeo de la tarifa, en razón de que el mismo no habría acreditado efectivamente la calidad de usuario del mismo. Sin embargo, por sentido común se resolvió que el domicilio del actor y el de su trabajo, hacía presumir que se trataba de un usuario del servicio, al menos potencial lo que lo legitimaba a interponer la acción. “Y es razonable interpretar que están legitimados para intervenir en el proceso todos los afectados por el acto u omisión, es decir, todos aquellos para quienes el éxito de la acción pueda implicar subsanar o evitar u perjuicio –actual o inminente- y que consiguientemente tendrá interés en accionar, en definitiva, el interesado”.

B. La autorización constitucional.
La legitimación procesal es la capacidad o aptitud que se reconoce a un sujeto para intervenir en un proceso judicial. Implica el reconocimiento que el ordenamiento jurídico hace en favor de un sujeto, en cuya virtud le confiere la posibilidad de ejercitar eficazmente su poder de acción, en base a la relación existente entre el sujeto y los derechos cuya tutela jurisdiccional pretende20. También ha sido definida como la capacidad procesal para estar en juicio, en orden a formular una determinada petición y obtener a través de ella una sentencia que la resuelva. La reforma de 1994 otorga rango constitucional a la garantía21 de efectivo ejercicio de nuestros derechos a través de la “acción de amparo”. La clave consiste, pues, en dilucidar cuáles son los sujetos que pueden promover dicha acción. Así la Constitución Nacional en su art. 43, párrafo 1º, responde a esta inquietud al establecer quienes se encuentran habilitados para demandar en defensa de todo acto u omisión de autoridad pública o privada que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos, pudiendo en tal caso, el juez declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva: “toda persona” podrá interponer acción..”
 

V.- FUNDAMENTOS POR LOS QUE SE IMPUGNA

   V.- 1. LAS ERRATAS EN LAS NORMAS LEGALES.
Es conteste la doctrina al afirmar que preciso es distinguir “las erratas de los errores propiamente dichos. Los errores son equivocaciones que aparecen en la redacción de un escrito y que son de orden conceptual. Diferentes, por tanto, de las erratas, que son equivocaciones involuntarias de naturaleza puramente material producidas al transcribirse un texto. Como expresa Acosta Romero “la errata es la equivocación material cometida en un impreso o manuscrito por descuido, torpeza, confusión o lo ilegible de un original”. Ello coincide con la definición de errata que ofrece el Diccionario de la Lengua Española: “Equivocación material cometida en lo impreso o manuscrito”. A este respecto, y en lo que aquí interesa, resulta insoslayable transcribir los términos contenidos en el Art. 78 de la Constitución Nacional que reza “Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de origen, pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley”. Evidentemente, la norma constitucional al delinear el itrer formativo o procedimiento de formación y sanción de las leyes, regula lo que en doctrina se denomina como “un acto complejo” en vistas de que necesariamente deben intervenir en él para ser válido dos poderes del Estado: el Poder Legislativo, génesis de la voluntad popular y el Poder Ejecutivo Nacional quién – a efectos de darle publicidad- promulga la norma sancionada definitivamente por ambas Cámaras. Dicha publicidad se cumple mediante la publicación de las normas legales correspondientes en el diario oficial. La publicación tiene por objeto, como es evidente, permitir que los destinatarios de la norma estén en aptitud de conocer su contenido. No debe perderse de vista que la publicación de la norma constituye una etapa del proceso para su formación que concluye precisamente con su reproducción en el Boletín Oficial. Sólo en ese momento la norma cobra propiamente existencia, pasa a integrarse al ordenamiento jurídico y es capaz de producir los efectos correspondientes, dependiendo, por supuesto, de si su eficacia es inmediata o diferida (esto último, por ejemplo, si media una vacatio legis). Es ante ello que podemos sostener que, la promulgación es un acto formal y solemne realizado por el jefe de Estado, a través del cual se atestigua la existencia de una ley, a la vez que ordena cumplirla y hacerla cumplir, dándole a la misma fuerza ejecutiva y carácter imperativo. A su vez, la publicación es el acto consistente en dar conocimiento público del contenido de la ley, u otra norma jurídica, a la ciudadanía. En la actualidad, en la mayoría de los sistemas jurídicos, se efectúa la distinción conceptual entre "promulgación" y "publicación". Sin embargo, en el pasado tales términos eran considerados sinónimos. Como ya lo sostenía Baudry Lacantinerie, la promulgación, es la "partida de nacimiento" de la ley, por cuanto le da existencia cierta, auténtica y la reviste de fuerza coercitiva, es en una palabra, una de las atribución propias de los Jefes de Estado; rey, presidente u otro. Por ello es que, la diferencia entre ambas, reside en que la  promulgación tiene por finalidad autentificar la existencia de una ley y ordenar su ejecución. Pero la publicación tiene por objeto dar a conocer el texto de la normas jurídicas. Además la primera se consuma regularmente mediante un acto administrativo (dictado de un decreto) pero la publicación se realiza comúnmente mediante la inserción del texto de la ley en el Boletín Oficial. Para el presente caso, la ley fue aprobada pero mediante una maniobra fraudulenta que se trasmite erróneamente al Poder Ejecutivo nacional cuando le es elevada para su promulgación, lo que deriva en la publicación de un texto que no es congruente con el propiamente sancionado. Como señala Santaolalla López, “aquí no puede hablarse ... de que la voluntad del legislador ha sido defectuosa a pesar de que sea el  documento original de la ley el que padece la errata y, que un órgano distinto pueda adecuarla a que teóricamente quiso expresarse. Muy por el contrario, consiguientemente, lo plasmado en la sanción tiene que aceptarse como voluntad auténtica e indiscutible del Parlamento. En efecto, la mentada ley fue aprobada aunque con erratas, y al ser elevada al Poder Ejecutivo, éste promulga un texto diverso –que le fue remitido bajo el ropaje de una fe de erratas nula - el que es publicado. Como puede notarse, so pretexto de haberse incurrido en una errata se encontró por la vía de la rectificación un medio de modificación ilegal de un texto legal, el que se busca corregir por haberse advertido en él algún defecto o deficiencia. Lamentablemente, esta práctica no ha sido precisamente inusual en nuestro medio. Véase el caso de México señalado por Acosta Romero. En este caso, como bien indica Pérez Serrano, se trata de “erratas apócrifas, impuras, y que en el fondo de la operación late un poso execrable y repugnante por la deslealtad con que se actúa: no son casos de errata sino de felonía”. El mismo autor señala que la errata puede ser “trivial e intrascendente, y el 'buen sentido del lector', la salva, según la fórmula estereotipada. Pero también puede ser tan grave o fundamental... que el lector no caiga en la cuenta, pues en el precepto que se redactó para expresar la afirmativa se intercala una extemporánea negación que subvierte por completo el sentido, induciendo a gravísimo error al que no estuviera advertido de antemano”. A decir de Biglino Campos, “los errores que no modifican el contenido de la ley constituyen irregularidades que carecen de relevancia. (...) Por su falta de trascendencia en realidad estas erratas no requieren ni tan siquiera de corrección. En efecto, el artículo 19 del Real Decreto de Ordenación del Boletín Oficial del Estado establece la necesidad de rectificar tan sólo aquellos errores que supongan una alteración o modificación del sentido de las disposiciones publicadas, o puedan suscitar dudas al respecto”. El propósito de una rectificación, cuya necesidad se origina en la existencia de un defecto en la publicación, es reproducir el texto auténtico de la norma. Por ello, la rectificación debe guardar perfecta armonía con dicho texto. En cambio, si el propósito verdadero es modificar el texto originalmente aprobado, es indispensable que se dicte una nueva norma en tal sentido, respetándose escrupulosamente el procedimiento para ello. De lo contrario, la supuesta “fe de erratas” carecerá de todo valor legal. En el mismo sentido se pronuncia Andrés Aramburu Menchaca al decir que “una fe de erratas solo puede referirse a una equivocación material de lo impreso o manuscrito. Si lo que publicó el Boletín Oficial no coincide con la autógrafa de la ley, lo cual es fácil de establecer comparando ambos textos, la responsabilidad corresponde al Poder Ejecutivo Nacional y deviene de un procedimiento irregular –incluso en el seno del Congreso de la Nación- para cambiar lo legislado y esto no es admisible”. En suma, “por una simple fe de erratas no se puede cambiar el fondo de las normas legales, ni los plazos que contempla, ni las autoridades señaladas para su cumplimiento, no nada.” Biglino Campos opina en términos similares al indicar que “servirse de la corrección de errores para objetivos distintos puede provocar consecuencias sobre la validez de la norma. Esto ocurriría, por ejemplo, si se utilizase para alterar un texto que en realidad era auténtico, introduciéndole modificaciones que no han sido aprobadas por el Parlamento. En este caso la corrección de errores no intentaría reparar un defecto, ya que éste no ha existido, sino que constituiría un acto gravemente viciado, por ser una actuación puramente material contraria al ordenamiento jurídico. El resultado debería ser la invalidez de la rectificación”. Luis María Díez Picazo se refiere, en el caso de utilizarse la corrección de erratas como un mecanismo derogatorio, a las derogaciones extra ordinem. Dice que “la errata verdadera (cometida por quién copia el texto normativo para el diario oficial), ... puede ser corregida por quién la ha cometido y, por tanto, por el encargado del diario oficial. El problema surge, en cambio, cuando lo que se corrige, por leve e intrascendente que sea, no es un error material del transcriptor, sino que se modifica el texto aprobado por el legislador. En este último supuesto, hay siempre derogación extra ordinem”. Agrega que ello, “además de suponer, en su caso, la comisión del delito de usurpación de funciones por parte del funcionario correspondiente, implica la invalidez de la nueva disposición que ha aparecido en el diario oficial”. En este caso, procederá además de la declaración del acto, la interposición de una acción de inconstitucionalidad ya que la norma esta afectada por un vicio, a partir de la publicación de la fe de erratas”. Conforme lo hacer notar, Biglino Campos “sólo cuando el error en la publicación ha supuesto una alteración que ha transformado el contenido de la ley aprobada por el Parlamento, puede tener consecuencias sobre la validez de la ley. En efecto, en este caso se ha producido una infracción del texto constitucional”. Es evidente que el mandato constitucional contenido en el Art. 78 de la C.N. referido a la promulgación y concomitante publicación, se refiere a la ley con el contenido que ha recibido durante las anteriores fases procedimentales. En caso de que la publicación altere dicho texto de forma significativa, se produce un doble fenómeno. (...) De una parte, el texto auténtico de la ley, que por la deformidad de la publicación no ha llegado a publicarse, carece de existencia porque su procedimiento de elaboración no se ha completado constitucionalmente. Pero por otra parte, se publica y adquiere eficacia una norma cuyo contenido no ha sido objeto de ninguna de las fases que componen el procedimiento”. Precisamente para enmendar esa irregularidad, y que se transforme el ley el contenido de la voluntad del Parlamento, debe declararse la nulidad de la fe de erratas y concomitante del decreto de promulgación que recoge dichos vicios impugnados, cuanto menos por incurrir en error esencial. El nudo de la cuestión. No se debate en autos la mera modificación de remisión de un artículo a otro sino que la cuestión en litigio se vincula directamente con la deliberada manipulación de la garantía constitucional de la división de poderes (en la especie, procedimiento de formación y sanción de las leyes), y concurrentemente el abuso del Poder Ejecutivo Nacional para dar publicidad a una norma modificada en su esencia como corolario de la vulneración del proceso constitucional. La separación de poderes, “Trias política” o también división de poderes24 es una ordenación de las funciones del Estado en la cual la titularidad de cada una de ellas es confiada a un órgano u organismo público distinto. Para prevenir que una rama del poder se convirtiera en suprema, y para inducirlas a cooperar, los sistemas de gobierno que emplean la separación de poderes se crean típicamente con un sistema de "checks and balances". En este sentido, cabe afirmar que el sistema de frenos y contrapesos (“checks and balances” para la doctrina estadounidense) consagrado en la Constitución Nacional sancionada en 1853 y confirmado por las sucesivas reformas constituye, pues, la base para la organización del gobierno nacional. La división de poderes, atribuciones o facultades establecidas en nuestra Carta Magna, es la base de una indudable garantía para los ciudadanos, porque con ella se evita la acumulación de poder en un sólo gobernante y se disipa el riesgo que ello significaría para los derechos y libertades que la misma Constitución Nacional también acuerda. En efecto, la independencia de los poderes tiene por finalidad principal el logro de un ejercicio equilibrado y recíprocamente controlado del gobierno, que contribuya a evitar desbordes autoritarios. La forma de gobierno republicana -fundada en la división de poderes- no permite que un órgano del Estado se desprenda de sus facultades o haga un ejercicio abusivo de las mismas sin vulnerar la Constitución Nacional. Ello es violentar el principio de “status libertatis” o zona de reserva previsto por nuestra Carta Magna y en su consecuencia garantizado por el principio de división de poderes, pilar fundamental de nuestra constitución y forma de gobierno. “La invasión que un poder del Estado pudiera hacer respecto de la zona de reserva de actuación de otro, importa siempre, por sí misma, una cuestión institucional de suma gravedad”. (conf. Fallos 320:2851). En este punto radica, pues, el eje de la controversia. Resulta aberrante y merecedora de reproche la modificación por cualquier artilugio o maquinación de la voluntad del Parlamento, génesis insoslayable de la voluntad popular, como sucede en los presentes autos, y que habilita la vía para interponer la presente acción declarativa de inconstitucionalidad y nulidad, en tanto las normas impugnadas expresan -como se dijo- una clara violación al principio de la división de poderes, y en la especie, al “procedimiento de formación y sanción de leyes” pilar fundamental del sistema representativo, republicano y federal adoptado por la C N. (Art. 1.)C. La contrariedad constitucional.

   V.2. VICIOS DEL ACTO
El acto administrativo que se impugna constituye un acto administrativo nulo, de nulidad absoluta e insanable, en razón de los graves vicios de que adolece (arts 7° y 14 de la Ley N° 19.549), conforme habrá de exponerse a continuación.

      V.2.a. VICIO EN LA CAUSA.
Todo acto administrativo para ser válido, deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable” En efecto, son esa serie de antecedentes o circunstancias fácticas que rodean la emisión del acto, las que ha de valorar el funcionario, para su dictado. Como luce evidente, la realidad de los hechos ocurridos en relación con el normal procedimiento de formación y sanción de las Leyes, acontecimientos ciertos que no fueron tenidos en cuenta al momento de proyectarse la mal llamada “fe de erratas” Peor aún, no se efectuó una valoración razonada, objetiva y concreta de la delegación efectuada en el Secretario Parlamentario Hidalgo, quién a todas luces comente excesos ilegítimos por lo que la validez del acto está afectada, tornándose éste a todas luces, en un acto nulo de nulidad absoluta e insanable.

      V.2.b. VICIO EN LA MOTIVACION.
Del mismo modo, toda vez que la motivación es la expresión de la causa, ésta también se tiñe de la misma nulidad de que adolece ya que, la manifestación que se hace de las razones que inducen a emitirlo, no tienen razón de ser considerando que los antecedentes de hecho vigentes fueron omitidos en su valoración. El acto esta fundado en elementos falsos, por ello tiene causa ilícita y por tanto en nulo.

      V.2.c. VICIOS DE PROCEDIMIENTO.
Se observa que no se ha cumplido con el procedimiento esencial y sustancial previsto tanto explícitamente como implícitamente en el orden jurídico, en tanto y en cuanto no se dio cumplimiento al debido proceso adjetivo, que constituye un derecho del interesado y que afecta el interés público.

El procedimiento comprende todo lo relativo a:
   1.- el proceso de formación y sanción de leyes a todas luces vulnerado (Segunda parte, Capitulo V de la Constitución Nacional. (conforme fuera descrito en los hechos referidos previamente). En suma, la Cámara de Diputados otorga sanción al proyecto del PEN, delega en el Secretario Parlamentario de la HCDN la facultad de efectuar las correcciones ortográficas y de numeración en el articulado, en caso de ser necesario. Recién el 9 de Octubre -pasados más de 20 días desde la aprobación en la Cámara baja- mientras se trataba el proyecto en el Senado de la Nación, a las 22 horas la Presidencia de la H. Cámara de Diputados remitió a la Secretaria
Parlamentaria del H. Senado de la Nación el texto de la referida “fe de erratas”. La misma no fue informada, ni tratada, ni votada por los legisladores a pesar de lo cual fue remitida la sanción al PEN con modificaciones, y así publicada en el Boletín Oficial. Como no escapará al elevado criterio de S.S., recientemente, la Corte resolvió que el trámite de sanción de las leyes, “un acto político por excelencia”, es revisable por la Justicia, pues los jueces pueden controlar si los otros poderes, al ejercer sus atribuciones propias, se extralimitaron. En efecto en dicho caso, la Corte Suprema hizo lugar a un amparo en el que se requería la nulidad de una votación efectuada en el Senado de la Nación -que implicaba un rechazo al pliego proponiendo el ascenso del demandante- por incumplir, la Cámara legislativa, su propio reglamento, al computar los votos necesarios para tomar la decisión. El tribunal consideró justiciable la cuestión y efectuó su propia interpretación del alcance del reglamento de Senado acerca del cómputo de aquellos votos Cfr. “Binotti, Julio César c/ Estado Nacional –Honorable Senado de la Nación” C.C. B.59.XLI (2007). (Puede verse un muy interesante análisis del  caso en SESÍN, Domingo –Un caso concreto de revisión judicial de la actividad política del Poder Legislativo- El Derecho. Constitucional. Buenos Aires, 31 de agosto de 2007). En la especie, en estos autos se encuentra debatido el alcance e interpretación de una norma constitucional que en modo alguno puede ser resuelta en sentido adverso al postulado por la actora. Asimismo, como resulta evidente en la presente demanda, es un interés bien concreto el que el actor intenta preservar, cual es el cumplimiento adecuado de los  receptos que regulan nada mas y nada menos que el “procedimiento de formación y sanción de las leyes” y en sustancia la preservación incólume de la voluntad popular del cuerpo legislativo, es decir, por el accionar del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo Nacional para que actúen dentro de los márgenes de su competencia. Está en juego la validez constitucional de ley, por lo tanto, no hay nada de abstracto en la petición.- Ha dejado claro la Corte Suprema de la Nación in re “Binotti” en el considerando 4°) de la sentencia definitiva: “Que tampoco puede postularse que la cuestión sea no justiciable. En efecto, como se ha recordado en Fallos: 321:3236 (disidencia de los jueces Fayt y Bossert, considerando 6° y disidencia del juez Petracchi, considerando 3°), "[p]planteada una 'causa', no hay otro poder por encima del de esta Corte para resolver acerca de la existencia y los límites de las atribuciones constitucionales otorgadas a los departamentos Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y del deslinde de atribuciones de éstos entre sí y con respecto a los de las provincias. No admite excepciones, en esos ámbitos, el principio reiteradamente sostenido por la Corte, ya desde 1864, en cuanto a que ella 'es el intérprete final de la Constitución' (Fallos: 1:340) [...]. Esto es así, pues la esencia de nuestro sistema de gobierno radica en la limitación de los poderes de los distintos órganos y en la supremacía de la Constitución. Ningún departamento del gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas (Fallos: 137:47, entre otros), y es del resorte de esta Corte juzgar 'la existencia y límites de las facultades privativas de los otros poderes' (Fallos: 210:1095) y 'la excedencia de las atribuciones' en la que éstos puedan incurrir (Fallos: 254:43)".- En el mismo sentido el precedente de Fallos: 324: 3358, en el que esta Corte resolvió que es una cuestión justiciable determinar si una Cámara del Congreso de la Nación ha actuado, o no, dentro de su competencia (considerando 7°).- Esa facultad del Tribunal se ejerce no sólo cuando la norma a interpretar es de aquéllas contenidas en la Ley Fundamental, sino cuando -como en el sub lite- se trata de preceptos reglamentarios federales dictados por una cámara en ejercicio de las facultades que aquélla le otorga en su art. 66. Si el Senado ha autoregulado su funcionamiento a través del dictado de un reglamento, una hipotética violación del mismo que lesionara derechos individuales no podría quedar exenta del control de los magistrados de la República.- Es con esos fundamentos aplicables en un todo al presente caso, que el máximo Tribunal declara procedente el recurso extraordinario deducido por el actor, se revoca la sentencia apelada y se hace lugar a la acción e amparo (art. 16, segunda parte, de la ley 48), declarándose la nulidad de la votación de la Cámara de Senadores de la Nación…”
Este fallo dio un giro sobre su antigua jurisprudencia de la Corte que afirmaba que la Justicia no tiene competencia para revisar el trámite de sanción de una ley, salvo que el Congreso viole los pasos "mínimos e indispensables" que establece la Constitución para la sanción de las leyes.
2.- la formación de la voluntad administrativa y el consecuente dictado del acto administrativo “fe de erratas” para que éste haga expresa consideración de las cuestiones propuestas en la delegación efectuada en cabeza del Secretario Parlamentario Hidalgo en contraposición directa con las que éste-el funcionario público- efectivamente ejerció. Nótese que en el caso en análisis nos encontramos frente al accionar de dos órganos del Estado, (el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo Nacional), cuyo procedimiento está “reglado” en el sentido que, al decir de Gordillo “la norma jurídica predetermina en forma concreta una conducta determinada que específicamente el órgano debe hacer en un caso concreto”. Es decir, la actividad administrativa debe ser eficaz en la realización del interés público, pero esa eficacia, oportunidad o conveniencia, esta completada por la Constitución Nacional, el legislador…, reduciendo al máximo la apreciación del órgano que debe dictar los actos administrativos pertinentes. En efecto, conforme surge del Art. 7, LPA “Son requisitos esenciales del acto administrativo… inc. d) antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico…” Concordantemente, el Art. 14 de la Ley N° 19.549, preceptúa: “El acto administrativo en nulo de nulidad absoluta e insanable… inc. b) por violación de la ley aplicable” . Las facultades egladas de la administración la ley –en sentido lato: Constitución, ley, decreto- sustituye al criterio del órgano administrativo y predetermina ella misma que es lo que conviene al interés público, en tal caso, el administrador no tiene otro camino que obedecer a la ley y prescindir de su apreciación personal sobre el mérito del acto... no tiene él libertad de elegir entre mas de una decisión: su actitud sólo puede ser una...” Deja dicho Gordillo: “se trata principalmente de una correspondencia entre el “objeto del acto” y las circunstancias de “hecho” exteriores a él, ya que en el caso, se precisan cuales son las circunstancias de hecho que deben dar lugar al acto determinándose un solo objeto del acto como posible para una determinada situación de hecho”. Es ese camino entonces, el que debió seguirse en ambos casos, y no como se hizo, donde voluntariamente, se violentó absolutamente el procedimiento establecido, trámite esencial que intrínsecamente no puede subsanarse, sino es con el dictado de una ley correctiva. La omisión de los trámites y formalidades que debieron cumplirse para el dictado del acto, lo hace nulo de nulidad absoluta e insanable.

      V.2. d. VICIOS EN EL OBJETO.
El objeto del acto consiste en lo que el acto “decide, valora, certifica… a través de la declaración pertinente” y conforme lo establece el Art. 7 inc. c) “el objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible”. En efecto, incluso cuando el acto se dicta en ejercicio de facultades discrecionales, no debe apartarse del marco normativo y el principio de juridicidad. Más aún en el caso propuesto, donde en vistas de la delegación que expresamente se hace para corregir errores materiales de la sanción, léase ortográficos, o numéricos, se violan límites concretos dados al accionar del funcionario. Todo ello, y viendo que la fe de erratas impugnada, carece de causa por fundarse en hechos existentes que se omitió considerar y que tiene un vicio grave en el procedimiento que es insanable, y siendo el objeto aquello que el acto decide, este se tiñe de una nulidad absoluta (Art 14). El acto impugnado adolece de “arbitrariedad e irrazonabilidad manifiesta”.

      V.2.e. VICIO EN LA FINALIDAD.
La mentada “fe de erratas” esta viciada por “desviación de poder”, ya que la autoridad administrativa ha usado las facultades que le depara la ley con un fin distinto por el previsto por el legislador. La finalidad es el bien jurídico protegido con el dictado del acto, en vistas del que el funcionario actuante debió procurar la satisfacción concreta del interés público, del bien común, del interés general, y no como en el caso, donde lo que procuró fue el interés del PEN por sobre la protección de los intereses del mismo Estado Nacional. Es esa desviación de la finalidad, lo que lo vicia, al basarse en la toma de decisión en criterios antojadizos y caprichosos, lo que torna la decisión en totalmente arbitraria.

La desviación de poder y la violación de la garantía del debido proceso sustantivo.
Encuadre conceptual.

Todas las decisiones públicas –incluso las normativas en cualquier escalón de la pirámide jurídica- deben reunir, amén de los requisitos formales en cuanto al órgano de producción y a la subordinación en la letra a la norma de jerarquía superior, las siguientes condiciones: 1) no perseguir expresa o de manera encubierta un fin, público o privado, distinto que el querido por el autor de la norma superior que autoriza o prevé la toma de esa decisión; 2) aún coincidiendo el fin perseguido por la decisión con el fin querido por el legislador superior, las medidas dispuestas en la primera deben ser proporcionalmente adecuadas a dicha finalidad; 3) la opción elegida debe ser la más razonable y menos “costosa”, en términos sociales, políticos o económicos, con relación a la finalidad, aún legítima, perseguida. El incumplimiento de tales requisitos genera el vicio que en derecho público es denominado “desviación de poder”, como la expresión jurídica del vicio político del “abuso de poder”, en definitiva un supuesto análogo al “abuso de derecho” del derecho privado (conf. Art. 1071 del C. Civil.) Precisamente, es una posición doctrinaria difundida aquella que encuentra entre las instituciones del “abuso del derecho” y de la “desviación de poder” una relación de género a especie. Es cierto que el instituto de la desviación de poder ha sido principalmente estudiado por el Derecho Administrativo, como vicio propio del acto administrativo26 pero su contenido conceptual es también propio del Derecho Constitucional, donde se lo ha estudiado especialmente como un supuesto de violación de la garantía del “debido proceso sustantivo”27. Este es también un “standard” de razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones gubernamentales, también denominado “regla del equilibrio conveniente”28. En nuestra Constitución se encuentra en los “pliegues” –para utilizar una feliz expresión de la Corte Suprema norteamericana con relación al derecho a la “privacidad”- de los arts 14, 18 y 28, principalmente. Evidentemente, y en relación directa con el “procedimiento de formación y sanción de las leyes, los principios de la “desviación de poder” y del “debido proceso sustantivo” los pasos antes señalados en el proceso, resultaban exigencias insoslayables que en modo alguno puede encontrarse desvirtuados por una delegación intencionada de la que deriva cuanto menos un “error aparente” de interpretación simulado bajo un claro abuso de derecho, que se agrava aún mas con el dictado del decreto de promulgación del PEN.

Aplicación al caso de autos.
Sin perjuicio de la actividad probatoria que mi parte cumplirá oportunamente, es obvio y evidente que el Estado nacional ha incurrido en los vicios aquí denunciados: tanto al vulnerar la autentificad de una ley votada por ambas Cámaras del Congreso nacional como asimismo, al dictar el PEN un decreto de Promulgación que da fundamento a su publicidad y que ratifica los vicios antes denunciados. Es tan evidente esta intención que es la demandada la que debería producir prueba en contrario. Mas aún Vs. Ss. Para dejar demostrada la ocurrencia de la desviación de poder “no resultará necesario acreditar los móviles subjetivos, bastando corroborar la inadecuación del acto correctivo que encubre una real modificación sustancial, con la delegación meramente formal efectuada por la Cámara baja .a tal fin” Podemos traer a colación reciente jurisprudencia del Superior Tribunal de España: en el sentido de que la desviación de poder “...no exige incluso un claro deseo premeditado, bastando un resultado que se aparte de los fines propios de los actos o disposiciones que puedan implicar objetivamente la desviación de poder”. Deja dicho Silva Tamayo, frente a la condición de diabólica probata que asumiría la cuestión de la prueba de la desviación de poder, resulta razonable estimar que aquí “no regirá en toda su extensión el principio del onus probando. Este criterio lo ha seguido expresamente V.E., señalando que la desviación de poder “...exige un esfuerzo para su acreditación, admisible, sin embargo aún por vía de presunciones, en tanto condicionamientos mayores se traducirían, dada la naturaleza del defecto referido, en una verdadera `prueba diabólica”. Así, la principal prueba de lo que estamos afirmando se encuentra en que la demandada, no podrá acreditar que el acto “correctivo” intentado no contradice las bases de la delegación formal, solamente formal –numérica u ortográfica- efectuada, muy por el contrario, la presunta “finalidad” que le dio origen traspasa ampliamente la base de la delegación referida. Como podrá concluir S:S, todo el proceso parlamentario de la ley estuvo viciado desde su origen hasta la promulgación misma de la norma y es violatoria de los artículos 77 y siguientes de nuestra Constitución Nacional. El accionar denunciado por tanto,“nulifica” el normal procedimiento contenido en el Capitulo V de la Carta, por lo que no queda otro camino a su Señoría que declarar su inconstitucionalidad.

SU INCONSTITUCIONALIDAD ES PUES MANIFIESTA

Fuente: Unión Cívica Radical - Comité Nacional

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