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Nueva ley de radiodifusión  >  Posiciones y aportes de la oposición a la ley de medios  >  La UCR pide que se declare inconstitucional la fe de erratas de la Ley K
Temática: Medios Ubicación: Argentina

Acción declarativa de inconstitucionalidad y nulidad de la fe de erratas por la UCR II

juli
10/11/2009 15:03

VI.- MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR

La finalidad preventiva de la acción declarativa de inconstitucionalidad no impide, en principio, que se aplique el régimen que se impugna con la consecuente lesión del sistema de derechos. Por este motivo, y con algunos retaceos, la Corte Suprema de Justicia admitió la procedencia de las medidas cautelares en esta clase de procesos constitucionales (ej: el caso “Aguas de Formosa”29). Siendo sin lugar a dudas la cautelar de no innovar la que mejor se aviene con la finalidad que persigue la acción declarativa de inconstitucionalidad. Sabido es que las medidas cautelares -en todas sus modalidades- tienen una naturaleza subsidiaria e instrumental del proceso principal en donde se debate la cuestión de fondo. Al no causar instancia, nacen al servicio de una providencia definitiva, a fin de preparar el terreno y afrontar los medios aptos para su éxito. Por este motivo, su finalidad se vincula con garantizar el eventual pronunciamiento de una sentencia favorable a la pretensión. El carácter instrumental, se evidencia en tanto su viabilidad no supone prejuzgar sobre la existencia del derecho sustancial pretendido en el proceso principal. Los requisitos comunes que ordenan a las medidas cautelares son exclusivamente: a) la verosimilitud del derecho, b) el peligro, c) la contracautela. La verosimilitud del derecho o “fumus boni iuris”, se refiere a la apariencia del derecho, no a una certeza plena. El peticionario no tiene la responsabilidad de justificar acabadamente el fundamento del derecho, puesto que éste constituye el objeto del juicio principal. Este requisito solamente requiere una fundamentación seria y motivada de la existencia de la mera posibilidad acerca del derecho discutido.32. Se ha dicho también que “la verosimilitud del derecho debe ser apreciada en forma sumaria, lo que equivale a que no es menester un análisis exhaustivo –de alli la expresión `fumus bonis juris`- sino solamente que se haya configurado prima facie” Consideramos que de lo expuesto en los capítulos anteriores y de la documental acompañada surge manifiestamente la verosimilitud del derecho que invocamos. El peligro en la demora consiste en el temor fundado que el derecho invocado se frustre o minorice durante la sustanciación del proceso. Tampoco este requisito exige un conocimiento pleno, ni una prueba terminante, pues ello es propio del juicio principal. Simplemente la probabilidad, la apariencia o verosimilitud de que el derecho se frustre son ingredientes suficientes. El objeto de este requisito es resguardar al actor de los eventuales daños que puedan consumarse en virtud de la sentencia que se persiga. Si se procura una sentencia de condena o constitutiva, los daños que se quieren evitar ostentan una naturaleza ex-tunc. Si en cambio se procura una sentencia declarativa, los daños que se quieren evitar revisten la condición ex-nunc. Al existir una correlación -que funciona como vaso comunicante- entre ambos requisitos, la acreditación de uno hace que el otro se pueda atenuar. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que “a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigente en la gravedad e inminencia del daño, y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparabilidad el rigor del fumus se puede atenuar”. El peligro en la demora surge de los perjuicios concretos que se generarían en la medida que se apliquen las normas impugnadas, violando la Constitución Nacional. La verificación de este supuesto se engarza con la naturaleza preventiva de la acción de declaración que persigue evitar la consumación de un daño ante la existencia de un peligro inminente y concreto. En el presente caso, la sanción de las normas impugnadas y su consecuente puesta en vigencia habla de la existencia de un peligro inmediato y de la concreción de un daño constitucional que, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada, solamente puede sortearse mediante el dictado de una medida cautelar de no innovar. El art. 199 el CPCCN deja diferido a la decisión de V.S. la calidad y mérito de la contracautela que esta parte debe prestar. Indudablemente, la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora tienen trascendencia para la decisión peticionada, cuanta mayor sea la verosimilitud y el peligro en la demora, la caución debe ser menor. Además, se encuentra en juego un interés institucional de máxima trascendencia y la imposición de una contracautela real tornaría ilusorio el derecho invocado habida cuenta de la ausencia de solvencia patrimonial que tiene un partido político. Solicitamos entonces que la caución sea juratoria. Por todo lo expuesto, y hasta tanto se sustancie y resuelva la inconstitucionalidad antes referida, solicitamos el dictado de una medida cautelar de no innovar mediante la cual se ordene al Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de implementar y/o ejecutar los términos contenidos en los preceptos 95 y 124 de la Ley N° 26.522 a saber:
1.- se suspenda la aplicación del Art. 95 fundamentalmente en lo que respecta a la transferencia diaria por parte del Banco de la Nación Argentina de los montos que correspondan conforme lo previsto por el Art. 97, en tanto debería decir “conforme lo previsto por el Art. 88”;
2.- Se abstenga en Poder Ejecutivo de constituir el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos creado por el Art. 124 de la ley, quién ejercería el control social del cumplimiento de los objetivos de la referida ley por parte de Radio y Televisión Argentina sociedad del Estado y por tanto, de designar a los miembros que lo conformarían, toda vez que la remisión al articulo 126 debería haber sido efectuada al Art. 116”

VII.- TASA DE JUSTICIA

En los procesos constitucionales que tienen como objeto garantizar derechos fundamentales, necesariamente el principio rector es la exención del pago de la tasa de justicia, o bien la oblación de una tasa mínima por monto indeterminado. El artículo 13 inciso b) de la Ley N° 23.898 dispone que la acción de amparo y la acción de hábeas corpus están exentas del pago de la tasa de justicia siempre y cuando no fueran denegados. La regla que emana de la norma es sencilla: si la acción de amparo procede se reestablece la vigencia de un derecho fundamental conculcado y el proceso se torna gratuito para el justiciable. ¿Pero que sucede si el amparo es denegado?. La respuesta la aporta el artículo 6º de la Ley N° 23.898: “En los juicios cuyo objeto litigioso no tenga valor pecuniario y tampoco se encuentren comprendidos expresamente en las exenciones contempladas por esta ley a otro cuerpo normativo, se integrará en concepto de monto fijo la suma de australes doscientos cincuenta mil a junio de 1990 que será actualizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de acuerdo al sistema que ella determine pagadero en su totalidad al inicio de sus actuaciones”. En este sentido, en el supuesto de rechazo del amparo, la norma aplicable es el artículo 6º pero el pago de la tasa se traslada del inicio del proceso al momento en que la justicia constitucional deniega el amparo. Al no estar prevista en la ley de tasas judiciales la acción declarativa de certeza constitucional y aplicándose como criterio interpretativo los principios pro homine (reconocido como elemento de interpretación del sistema de derechos por la Corte Suprema en la causa “Portal de Belén”36) y pro actione, podemos sostener que: a) en caso de resultar favorable la acción declarativa de certeza constitucional no se debe abonar la tasa de justicia y el proceso constitucional adquiere el carácter de gratuito, de lo contrario, b) se debe abonar a la finalización de la causa la tasa contemplada para los juicios no susceptibles de apreciación pecuniaria. No observar las diferencias existentes entre los procesos ordinarios y los constitucionales deviene necesariamente en la negación -desde la óptica formal- de las garantías que protegen la sustancia de un Estado constitucional de derecho: los derechos fundamentales y consecuentemente la legalidad constitucional.

VIII- PRUEBA

Se acompaña los siguientes documentos para acreditar la personería y respaldar nuestras pretensiones: Mencionar toda la documental que acompañamos….MANDEMOS SE LIBRE OFICIO A LAS CAMARAS Y AL B.O.

IX.- CASO FEDERAL

Para el muy improbable caso que el S. S. no hiciese lugar al presente, formulo expresa reserva del Caso Federal para recurrir en su oportunidad por inconstitucionalidad y arbitrariedad por ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación y dejo desde ya interpuesto el Recurso Extraordinario que prevé el art. 14 de la ley N° 48, por encontrarse afectadas las garantías constitucionales contenidas en el Capitulo V de C.N.

X.- PETITORIO

Por todo cuanto hemos manifestado, solicito de V.S. que:

  1. Me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado, y por constituido el domicilio procesal denunciado.
  2. Tenga por promovida la presente acción declarativa de inconstitucionalidad.
  3. Se otorgue en forma urgente la medida cautelar de no innovar solicitada.
  4. Imprima al presente planteo el trámite del juicio sumarísimo.
  5. Oportunamente, corra traslado de la demanda al Estado Nacional .
  6. Se tenga por efectuada en legal tiempo y forma la RESERVA del Caso Federal.
  7. En su momento, dicte sentencia declarando la nulidad e inconstitucionalidad requerida en los términos que se han señalado en este escrito, con costas.

Provea V.S. de conformidad.

SERA JUSTICIA


Fuente: Unión Cívica Radical - Comité Nacional

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